Causa Vialidad: los bienes que le decomisarán a Cristina Kirchner
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó incautar bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86, una cifra récord en causas...
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó incautar bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86, una cifra récord en causas por corrupción
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires decidió este martes avanzar con el decomiso de propiedades que están a nombre de la expresidenta Cristina Kirchner como de sus hijos Máximo y Florencia para alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados en la causa Vialidad deben pagar.
Cabe destacar que la dos veces mandataria recibió este año la ratificación de la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, hay otros exfuncionarios y empresarios que también fueron ratificados en sus respectivas penas.
La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que se actualizó tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.
La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y a Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.
Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca un inmueble ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.
El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.
También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, así otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.
A esto se agregan, según consigna Infobae, los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la exmandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.
En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.
Destino de los bienes y pasos a seguir
El tribunal ordenó inscribir todos los activos decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados y comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir el destino final de los inmuebles conforme al reglamento vigente.
La finalidad principal del decomiso, sostuvo el fallo, es reparar el daño causado a la administración pública y asegurar la recuperación de los recursos desviados. La Fiscalía mantiene la facultad de individualizar otros bienes que puedan estar vinculados al delito a lo largo de la ejecución de la sentencia.
El proceso de realización de los activos se llevará adelante bajo las disposiciones legales y los controles correspondientes, en una causa que marca uno de los decomisos más grandes en la historia judicial argentina.
