Ley de Discapacidad: obtuvo dictamen en el Senado y buscarán aprobarla el 19 de noviembre

La nueva ley de Discapacidad obtuvo dictamen este miércoles en el Senado y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto. La iniciativa, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados, establece un sistema permanente de financiamiento para las prestaciones, implementa mecanismos de control y contempla la regularización de las deudas con prestadores.

Si bien su avance no estuvo exento de cuestionamientos sobre el financiamiento, la actualización de las prestaciones y las condiciones para acceder a las pensiones. Durante el debate legislativo surgieron advertencias sobre la suficiencia de los recursos previstos y la necesidad de garantizar que las disposiciones se cumplan efectivamente.

El dictamen se consiguió durante un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista, respectivamente. El oficialismo buscará convertir el proyecto en ley durante la sesión programada para el 19 de noviembre.

La propuesta, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen estable de prestaciones y recursos. Entre sus principales disposiciones se encuentra la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con el empleo formal. 

Qué establece la nueva ley

Uno de los aspectos principales del proyecto es la creación de un esquema de financiamiento permanente para garantizar las continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. 

El texto establece que los gastos deberán cubrirse mediante partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud. Además, dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

La iniciativa también contempla la continuidad del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a sus beneficiarios, e incorpora las partidas presupuestarias necesarias para sostener su funcionamiento.

Otro punto significativo es que ratifica la posibilidad de que las personas con discapacidad perciban una pensión no contributiva y, al mismo tiempo, tengan un empleo formal. También establece compatibilidades con otros beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Financiamiento y pago de deudas a prestadores

El financiamiento fue unos de los aspectos decisivos en las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores.

La iniciativa habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027 y establece que el sistema deberá contar con partidas anuales específicas. 

Asimismo incorpora un cronograma para regularizar durante 2026 las deudas acumuladas con los prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.

El texto también dispone que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas relacionadas con el sector.