La Cámara alta tratará una vez más la iniciativa impulsada por el Gobierno con cambios sobre tierras, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego
El Senado debatirá este jueves el proyecto de propiedad privada donde se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, señalaron fuentes parlamentarias.
Una de las opciones que se analizó es establecer un tope de kilómetros que puede adquirir una empresa extranjera y que, en el caso de intervenir otros países, deberá existir un aval no solo de las provincias y del Gobierno, sino del Congreso Nacional.
Según consignó la Agencia NA, el proyecto se iba a debatir el pasado 3 de junio, pero se decidió postergarlo porque había diferencias sobre el artículo referido a la eliminación de los topes para que los empresarios compren tierras rurales.
Esa medida, que diseñó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo modificaciones significativas, dado que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Límites para la compra de tierras
El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.
A su vez, se evalúa incluir algún tope a la cantidad de kilómetros que pueda adquirir una sola empresa.
Además, se prohíbe que puedan comprar tierras estados extranjeros y otras organizaciones en las que un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero.
Manejo del fuego
Se deroga el artículo que establecía que, en caso de incendio de un predio rural, por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino previsto en las actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecido en la ley promovida por Máximo Kirchner.
Cambios en el régimen de desalojos
La iniciativa establece un procedimiento acelerado para los casos de inmuebles usurpados, mientras que en las restantes situaciones se mantendrían los plazos actuales de intimación. El esquema contempla una notificación fehaciente al inquilino y un plazo de diez días para regularizar la situación antes del inicio de una acción judicial.
En caso de incumplimiento, el propietario podrá avanzar con una demanda que deberá tramitarse por la vía más rápida prevista por la legislación vigente. El proyecto también amplía las facultades para solicitar desalojos cuando exista un derecho o interés legítimo afectado.
Expropiaciones con criterios más restrictivos
Otro de los ejes centrales es la modificación del régimen de expropiaciones. El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y obliga al Estado a fundamentar con mayor precisión los motivos que justifican una medida de ese tipo.
Asimismo, se incorporó un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, una precisión que no figuraba en la propuesta original. También se fija un mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor y a la tasa del Banco Nación.
Las críticas que llegaron al Senado
Las objeciones al proyecto se expresaron en una actividad realizada en la Comisión de Ciencia de la Cámara alta, donde participaron académicos, especialistas en territorio y representantes de la Iglesia. Allí, la integrante del CEPPAS Florencia Gómez alertó que «estamos a punto de perder esos datos y el control sobre el territorio», en referencia a los cambios sobre la propiedad de las tierras.
Por su parte, el exjefe del Estado Mayor Conjunto Martín Paleo sostuvo que le «llama la atención lo laxos que somos los argentinos para ceder soberanía», mientras que distintos expositores coincidieron en advertir sobre las implicancias estratégicas de flexibilizar los controles sobre recursos naturales y extensiones rurales. Con ese escenario de fondo, el Senado buscará este jueves definir el futuro de una de las iniciativas más sensibles impulsadas por el Gobierno.
