Este lunes, la jueza neoyorquina define si suspende la sentencia para transferir el 51% de las acciones del Estado
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, define este lunes si Argentina debe transferir el 51% de las acciones a YPF o no. Para el Gobierno, la orden de entregar los bienes de la empresa viola el derecho federal norteamericano, fundamentado en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios de cortesía internacional.
El Gobierno nacional apeló el fallo que ordenó la entrega de acciones para pagar la sentencia de 16.000 millones de dólares. Hoy la jueza decidirá si acepta la apelación.
Argentina anticipó la posibilidad de que Preska anule la sentencia para apelar sin arriesgar acciones legales adicionales. Sin embargo, el Gobierno interpreta que la anulación puede estar acompañada de condiciones como, por ejemplo, depositar alguna especie de garantía. Adelantó, que de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Preska ordenó que Argentina debe transferir el 51% de sus acciones en YPF por la expropiación de la empresa en 2012 y obligó al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones. El juicio fue iniciado en Estados Unidos porque los fondos de inversión denunciaron a la petrolera por la expropiación.
Los fondos «buitre» son un tipo de fondo de inversión que busca obtener grandes ganancias comprando deudas de países o empresas cuando estas se encuentran en una situación económica muy frágil. Buford Capital y Eton Capital adquirieron los derechos del juicio de algunos de los accionistas minoritarios de YPF, que incluyen al Grupo Petersen, argentino y dueño de cuatro bancos provinciales, y a Eton Park Capital Management, una firma de inversión estadounidense. Estos derechos fueron adquiridos después de la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol por parte del Estado argentino en 2012.
Los fondos demandaron a Argentina en Nueva York y alegaron que el país había incumplido sus contratos al no realizar una oferta pública de adquisición por sus acciones de YPF al nacionalizar la compañía. La jueza Loretta Preska falló a favor de los demandantes y ordenó a la Argentina pagar una indemnización multimillonaria.
Una vez que los fondos adquieren esta deuda a bajo costo, el objetivo principal de estos es demandar el pago total de la obligación original y sumar intereses, además de otros cargos adicionales. Este proceso les permite conseguir ganancias extraordinarias.
Desde la perspectiva de los tribunales estadounidenses, sí hubo un incumplimiento contractual por parte del Estado argentino y, por lo tanto, una «ilegalidad» en la forma en que se llevó a cabo la expropiación de YPF en relación con los derechos de los accionistas minoritarios y las cláusulas del estatuto de la compañía.
El Gobierno argumentó en su momento que la expropiación fue un acto de soberanía nacional, declarado de «utilidad pública» y respaldado por una ley del Congreso, buscando recuperar el control de un recurso estratégico como los hidrocarburos.
