Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, catalogadas por la ONU como arrestos, detenciones, secuestros o cualquier privación de la libertad por parte de agentes del estado.
Se trata de un Crimen de lesa humanidad, es decir un crimen que atenta a la humanidad de una persona. En este sentido hay que aclarar que no importa dónde suceda, ni la cantidad de víctimas de ese crimen, ni si se lo comete en época de guerra como en Afganistán, de paz o de dictadura, como sucedió en Argentina y en Latinoamérica. Un crimen puede ser de lesa humanidad, aunque afecte a una sola persona.
La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La fecha surgió por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos – Desaparecidos) para aportar al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas.
Pero además, una fecha que toman los Organismos de Derechos Humanos para concientizar sobre los derechos que el propio Estado debe garantizar.
La fecha que integra las efemérides de agosto -y que se conmemora en todo el mundo- tiene un peso particular en la República Argentina por la grave historia del país respecto a este tipo de delitos, perpetrados de forma sistemática durante la última dictadura cívico militar, cuando 30.000 personas fueron detenidas en centros clandestinos, torturadas y desaparecidas.
La desaparición forzada ha sido utilizada por las dictaduras militares, pero no es privativa de ellas: también en Estados democráticos han sido usadas como método de represión política.
