El Senado debatirá hoy en una sesión especial el proyecto de ley de cupo laboral para personas travestis-trans, que ya obtuvo media sanción en Diputados hace dos semanas. El proyecto establece que el Estado deberá contratar al menos al uno por ciento de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación.
El proyecto de ley contempla que las «contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales». En caso de aprobarse, ese derecho se extenderá a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.
En otro de sus puntos principales, la iniciativa precisa que los organismos estatales deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo.
«Hoy es un día que se vive con muchísima emoción. Siempre pienso lo contenta que debe estar Lohana Berkins, Diana Sacayán y todas las compañeras que trabajaron incansablemente para que un día este cupo se haga realidad para todas las compañeras y compañeros del país», evaluó Daniela Castro, directora en el área de Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con AM750.
En este sentido, Castro remarcó que «la ley habla de inclusión, de una sociedad mucho más justa» y que «no le quita nada a nadie». «Todo lo contrario, garantiza que seamos una sociedad más igualitaria», agregó.
La desigualdad que sufre el colectivo travesti-trans
En el informe Las brechas de género en la Argentina, realizado por el Ministerio de Economía, la Secretaría de Política Económica refleja que el 20 por ciento de la población travesti-trans no realiza ninguna actividad por la que obtenga dinero.
El 80 por ciento restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y trabajos informales de precaria estabilidad.
El dato de cobertura de salud refuerza un panorama de fragilidad: el 80 por ciento no tiene obra social, prepaga o plan estatal.
