El proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora a la Legislatura propone estándares mínimos de trato, información, participación, asistencia, protección y reparación. También introduce cambios en el Código Procesal Penal
El Gobierno de Córdoba remitió a la Legislatura un proyecto de ley que crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa que busca ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de quienes atraviesan un proceso penal.
La propuesta—que el Ejecutivo sugiere llamar «Ley Joaquín», en memoria de Joaquín Sperani— establece derechos claros y operativos, así como obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales.
El texto sostiene que, pese a que el sistema penal prevé instancias de intervención para la víctima, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización.
El proyecto establece un conjunto de derechos que deberán ser garantizados desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia. Entre ellos, se incluyen:
Asimismo, el régimen incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras, evitando que la intervención estatal agrave el daño sufrido.
Reformas procesales para garantizar la efectividad de los derechos
La propuesta incluye un conjunto de modificaciones puntuales al Código Procesal Penal de Córdoba, necesarias para que los derechos reconocidos no queden en declaraciones abstractas. Entre los cambios más relevantes se destacan:
La iniciativa prevé la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura, integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas.
Su función será producir diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.
Además, se establece que el Poder Ejecutivo deberá asegurar los recursos presupuestarios necesarios mediante reasignaciones o previsiones específicas.
El texto propone que la norma lleve el nombre «Joaquín», en referencia al caso de Joaquín Sperani, como acto de memoria institucional y señal pedagógica.
La denominación, indica el proyecto, busca recordar que detrás de cada expediente «hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva».
