La normativa se formalizó mediante la publicación en el Boletín Oficial. Redefine los criterios de protección de los cuerpos de hielo y ambientes periglaciares, con un modelo más «flexible» que le otorga mayor intervención a las provincias
El Gobierno promulgó la Ley de Glaciares a través del Decreto 271/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial. La norma actualiza la ley de 2010 y redefine criterios para proteger cuerpos de hielo y ambientes periglaciares, alterando inventarios, autorizaciones y el régimen de evaluación ambiental en jurisdicciones provinciales y nacionales, con alcance federal.
En el régimen que regía en 2010, los glaciares y ambientes periglaciares eras considerados bienes públicos estratégicos con protección estricta. Ahora, el foco se desplaza hacia un modelo más flexible que habilita una intervención directa de las provincias.
Cambios clave
El eje central de la reforma radica en la transferencia de competencias a las provincias, que a partir de ahora podrán establecer sus propios criterios para determinar qué zonas deben ser protegidas. Esto implica que no todos los cuerpos de hielo o áreas periglaciares quedarán automáticamente bajo resguardo, como ocurría con la legislación anterior.
Además, se establece que solo serán protegidos de manera estricta aquellos glaciares y geoformas que cumplan una función hídrica comprobada o relevante. Este cambio impacta especialmente en los glaciares de escombros, cuya protección ya no será generalizada. En consecuencia, se abre la posibilidad de habilitar actividades productivas en áreas que antes estaban restringidas.
Otro punto relevante es la modificación del sistema de control. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) continuará participando, pero con un rol más acotado y de carácter consultivo. Las provincias tendrán la última palabra en la toma de decisiones, aunque deberán considerar el inventario nacional existente.
