El proyecto rubricado por el gobernador Martín Llaryora crea un nuevo régimen que permitirá actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad
El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos destinado a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre bienes que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad.
El proyecto prevé un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
Cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.
La propuesta también fortalece el combate al narcotráfico mediante la creación de un esquema específico para que los bienes decomisados y los recursos provenientes de esas causas se reinviertan en la lucha contra ese delito.
En ese marco, el 60 por ciento de los fondos obtenidos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.
Además, el proyecto crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán coordinar las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas.
La iniciativa también invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen y a celebrar convenios de cooperación para ejecutar las intervenciones en el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto en la recuperación de espacios utilizados por organizaciones delictivas.
Con esta propuesta, el Gobierno de Córdoba busca brindar una respuesta integral frente a inmuebles que favorecen la inseguridad y el narcotráfico, recuperando esos espacios para los vecinos y fortaleciendo la presencia del Estado en los barrios.
