Destituyeron a los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso
El veredicto marca el cierre de un proceso histórico en la Provincia de Córdoba
El veredicto marca el cierre de un proceso histórico en la Provincia de Córdoba
En la noche de este miércoles 6 de mayo, culminó en la Legislatura de la Provincia el proceso de Jury de Enjuiciamiento seguido contra los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro, por su actuación en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso, perpetrado en 2006 en Río Cuarto. Por negligencia grave y mal desempeño, figuras previstas en el artículo 154 de la Constitución Provincial, en un fallo unánime el tribunal resolvió a los tres fiscales.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo miércoles 20 de mayo, a las 9.
La apertura del proceso de enjuiciamiento se dio el 4 de diciembre de 2025 con la admisión formal de la denuncia por parte del Jurado, integrado por su presidenta -y vicepresidenta de la Unicameral- Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba), los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y por la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Aída Tarditti.
En la audiencia que tuvo lugar este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia -representado por la fiscal General Adjunta, Bettina Croppi- valoró la prueba producida y expuso los fundamentos que, a su criterio, sustentan la destitución.
A su turno, las defensas de los fiscales acusados formularon sus respectivos alegatos y solicitaron que se desestimara la acusación en contra de sus representados. Asimismo, las partes hicieron uso del derecho a réplica.
Luego de oír la última palabra de los acusados, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento pasó a deliberar en sesión secreta y, en horas de la noche, arribó el veredicto que la presidenta del cuerpo, Julieta Rinaldi, leyó a las partes. La resolución dispuso la destitución de los magistrados, medida que conlleva, asimismo, la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la Justicia provincial.
