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16 DE AGOSTO DE 2025•POR EL ACONTECER DE CÓRDOBA

Fallo favorable para Argentina en la causa YPF: no deberá entregar acciones

La justicia de Estados Unidos hizo lugar al pedido argentino y decidió frenar el embargo, dejando en suspenso la entrega del paquete accionario de la petrolera que había dispuesto la jueza Loretta Preska.

La justicia de Estados Unidos hizo lugar al pedido argentino y decidió frenar el embargo, dejando en suspenso la entrega del paquete accionario de la petrolera que había dispuesto la jueza Loretta Preska. Cómo continúa la causa

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó este viernes una importante decisión para Argentina, al definir que el país podrá esperar la resolución de la apelación en el caso YPF sin necesidad de entregar las acciones de la petrolera ni otras garantías. Esta medida, calificada como la más beneficiosa para Argentina entre las opciones que manejaba el tribunal, fue recibida con celebración inmediata por parte del Ministerio de Economía.

Según detalló, Sebastián Maril de Latam Advisors, "las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación". Esto implica que la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones, prevista para el 30 de junio de 2025, queda suspendida.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, tuiteó que el tribunal de apelaciones "aceptó la solicitud de Argentina" y también permitió que el Gobierno de Estados Unidos se presente como "amigo de la corte" (amicus curiae).

La medida también fue valorada desde la Procuración del Tesoro, donde se destacó que "la decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos".

Contexto del litigio millonario

La decisión se enmarca en el prolongado juicio por la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La jueza Preska ya había condenado al Estado argentino hace dos años a pagar una cifra multimillonaria que, con intereses, ronda actualmente los 18.000 millones de dólares.

El principal beneficiario de esta condena es Burford Capital, un bufete inglés especializado en comprar e invertir en este tipo de juicios. Argentina había solicitado un "stay" o freno a la orden de Preska de entregar el 51% de las acciones de YPF, que están en manos del Estado, a Burford mientras se resolvía la apelación de fondo. La Cámara de Apelaciones falló el viernes a favor de Argentina en este punto.

Cuáles serán los próximos pasos en la apelación

Si bien esta es una medida administrativa puntual, el proceso judicial de fondo continúa. La presentación de los escritos argumentales para la apelación formal de la orden de entrega de acciones está prevista para el 25 de septiembre. Además, la semana del 27 de octubre, después de las elecciones legislativas, se llevará a cabo la primera audiencia para empezar a tratar la apelación de fondo, que busca impugnar la condena entera impuesta por la jueza Preska. Se estima que a principios del año próximo, la Cámara decidirá si la condena de la jueza es correcta o no.

Los argumentos de Argentina para evitar la entrega de las acciones:

  • La violación del principio de cortesía internacional, conocido como "comity".
  • La violación de la inmunidad soberana de Argentina, un argumento que también fue respaldado por Estados Unidos en su presentación como "amicus curiae".
  • El hecho de que las acciones de YPF están depositadas en Argentina, no en Estados Unidos, y que no tienen relación con la actividad comercial de la petrolera en la que se basa el caso de Burford.

Los abogados estadounidenses del país, bajo la dirección de la Procuración del Tesoro de la Nación, argumentaron semanas atrás que los demandantes no lograron demostrar ningún perjuicio en caso de que se suspendiera la entrega de las acciones. Remarcaron que "la ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de 'disipación' de los activos".

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