El Gobierno anunció una reforma migratoria

La iniciativa busca endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, como así también medidas para facilitar la expulsión de aquellos extranjeros que cometan delitos en el país

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el lanzamiento de una reforma migratoria que implementará el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial en los próximos días.

La medida se dirige a endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros y arancelar determinados servicios. Además, pretende ampliar los mecanismos para expulsar a personas extranjeras del país, algo que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien es una de las promotoras principales de esta medida, había aplicado durante la administración de Mauricio Macri, a través del DNU 70/17.

"Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular", esgrimió en primer término el vocero en la Sala de Conferencia de Casa Rosada, donde estuvo acompañado por Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. La elaboración legal de la medida estuvo bajo la responsabilidad de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal.

A los fines, se estableció que a partir de la publicación del decreto, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en el territorio nacional, cualquiera sea su pena, serán deportados, aunque aún no se informó cómo serán los procedimientos y cuánto se deberá esperar para hacerlo.

Por otro lado, exigirán el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares. Además, impondrán la obligatoriedad para contar con un seguro médico en su ingreso al país. Según los datos oficiales, pretenden que se minimice el gasto de $ 114.000 millones que significó la atención a extranjeros. Tal y como habían dado a entender, se autorizará a Universidades Nacionales a que, si quieren, puedan establecer aranceles para los servicios educativos a residentes temporarios. Esto no abarca a la educación inicial, primaria o secundaria.