Cristina Kirchner lleva su condena a la ONU y habla de una "proscripción" política
La ex presidenta sostiene que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales
La ex presidenta sostiene que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales
La ex presidenta Cristina Kirchner defendió este miércoles su inocencia en una columna publicada de manera simultánea en medios internacionales y anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al considerar que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales.
El artículo fue difundido en diarios como El País de España y Libération de Francia, en paralelo con una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados, que oficializó la presentación de una comunicación individual ante el organismo internacional con sede en Ginebra.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar inicialmente la admisibilidad de la presentación. Si considera que reúne los requisitos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.
En el texto, la ex mandataria sostiene que cuando el Poder Judicial deja de cumplir su función de garante de derechos y pasa a intervenir en la competencia política, se produce un deterioro de la calidad democrática.
"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", señaló. Fernández de Kirchner califica la inhabilitación perpetua impuesta en la denominada "Causa Vialidad" como una forma de "proscripción" y resalta que la condena afecta a "la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina".
También incluyó en su argumentación al atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, que según expresa el texto fue "un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática".
Sostiene que el expediente estuvo atravesado por arbitrariedades incompatibles con las garantías judiciales y denunció además un contexto de hostilidad que, a su juicio, refleja la persistencia de prácticas de machismo estructural dentro de sectores del sistema judicial.
La ex presidenta aseguró que el caso excede su situación personal y sostuvo que la condena también afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.
Para impulsar la estrategia internacional, la defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró el equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos participaron de la presentación junto con el abogado Alberto Beraldi.
La ex mandataria concluyó que continuará sosteniendo su inocencia mediante todos los mecanismos previstos por el Estado de Derecho, al considerar que la defensa de las garantías judiciales trasciende su situación particular y constituye una cuestión de interés para toda la sociedad.
