El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de Soberanía Nacional

El proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados, establece sanciones más severas para la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional

Este jueves ingresó al Congreso el proyecto denominado "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", la iniciativa del Gobierno cuyo objetivo es establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos de la Argentina.

Contempla nuevas sanciones para quienes exploten recursos naturales sin permiso de la argentina, crea un Sistema de Seguridad Nacional y modifica aspectos centrales de la legislación actual en materia de Defensa.

Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa busca ser la "materialización concreta" del mandato establecido por la Constitución Nacional respecto de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El texto sostiene que la propuesta pretende dotar al Estado de herramientas para "proteger los recursos naturales, las Infraestructuras Críticas, el Atlántico Sur y los intereses estratégicos" del país.

Uno de los principales cambios apunta a modificar la Ley 26.659y ampliar las sanciones para las empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. El nuevo esquema alcanzaría no solo a las compañías operadoras, sino también a accionistas, directivos y proveedores involucrados.

Las sanciones previstas incluyen multas, inhabilitaciones y restricciones para desarrollar actividades económicas o contratar en el país. El proyecto también contempla la posibilidad de revocar permisos, concesiones y beneficios fiscales o financieros vinculados con los infractores.

Además, la iniciativa incorpora modificaciones penales para determinadas actividades de exploración y explotación de recursos no renovables en el mar territorial y la plataforma continental argentina.

La norma también propone fundar el Consejo de Seguridad Nacional para articular políticas de manera transversal entre las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con el objetivo de proteger los recursos e infraestructuras estratégicas.