Juicio por YPF: anularon la condena millonaria contra Argentina
La jueza de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la estatización de YPF
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó este lunes la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la estatización de YPF en 2012.
La magistrada incorporó al expediente de primera instancia el fallo de la Cámara de Apelaciones que en marzo había dejado sin efecto la indemnización multimillonaria y avanzó con el cierre de esta instancia judicial.
La resolución representa un nuevo paso favorable para el Estado argentino en uno de los litigios más significativos de su historia, aunque no significa que la disputa haya terminado definitivamente.
Los demandantes solicitaron que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión de la Cámara de Apelaciones. Ahora resta determinar si el máximo tribunal aceptará intervenir.
Los fundamentos para anular la condena
Los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de dejar sin efecto el fallo, con la disidencia de José Cabranes. El tribunal concluyó que la legislación argentina sobre expropiaciones impide demandas de terceros que interfieran con ese proceso.
La Cámara también sostuvo que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar una indemnización por daños bajo los argumentos presentados en la causa.
En junio, el pleno del tribunal rechazó un pedido de revisión. Esa decisión agotó la instancia de apelación ordinaria y mantuvo vigente el pronunciamiento favorable a la Argentina.
Burford llevó el reclamo a la Corte Suprema
A principios de octubre, Burford Capital presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión. El fondo financia la demanda iniciada por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park.
En su presentación, calificó el fallo de la Cámara como "gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes". Ahora, el máximo tribunal deberá resolver si acepta revisar el expediente.
La Corte Suprema estadounidense no está obligada a intervenir. Recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y suele aceptar alrededor de 80, sin un plazo establecido para pronunciarse sobre la admisión.
