Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades

La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó ayer el proyecto de ley de Muerte Digna, con el que el país sudamericano legalizó la eutanasia. Luego de más de diez horas de debate, todos los legisladores del oficialista Frente Amplio se expresaron a favor de esta iniciativa, así como también lo hicieron algunos opositores del Partido Colorado y del Partido Nacional, alcanzando el proyecto una amplia mayoría.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir", mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

Los promotores del proyecto de ley defendieron que la propuesta "regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir asistencia para hacerlo". Además, consideran que cada persona tiene el "derecho" de definir qué hacer con su propio destino y "evitar sufrimientos que entiendan insoportables según su percepción personal".

De esta manera, Uruguay se convierte en el tercer país de la región en legalizar la eutanasia.

Colombia se transformó en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales.

Mientras tanto, Canadá legalizó la eutanasia en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización.

Por otra parte, una mujer afectada de polimiositis se convirtió en 2024 en la primera persona en Perú en recibir eutanasia, tras un fallo judicial favorable en 2022. Ese mismo año, Ecuador despenalizó el procedimiento por decisión de la Corte Constitucional y ordenó su regulación. Una mujer de Guayaquil fue la primera en acceder formalmente.