Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad
El proyecto obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, quedando formalmente enviada al Senado, donde se prevé un debate a corto plazo
La Cámara de Diputados dio luz verde al nuevo marco normativo sobre protección social para la discapacidad, tras una serie de consensos que lograron incorporar al peronismo en un entendimiento junto a La Libertad Avanza y las bancadas aliadas.
La propuesta obtuvo la media sanción con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, quedando formalmente enviada al Senado, donde se prevé un debate a corto plazo.
El texto consensuado, titulado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" recoge casi la totalidad de los beneficios de la Ley 27.793. Sin embargo, elimina el enfoque de emergencia y temporalidad para transformarla en una legislación de orden público y carácter permanente, independiente de las distintas gestiones gubernamentales.
De la norma de emergencia previa se preservan aspectos clave, como la compatibilidad entre el cobro de la pensión contributiva por discapacidad (equivalente al 70% de la jubilación mínima) para quienes posean CUD y el trabajo registrado o monotributo, siempre que las entradas de dinero no sobrepasen el equivalente a dos salarios mínimos.
Asimismo, se sostiene la vigencia del nomenclador único, se ratifica la actualización periódica y automática de los valores prestacionales vinculada al índice de movilidad jubilatoria (conforme al IPC) y se asegura el esquema básico de cobertura médica a través del Plan Federal Incluir Salud para los titulares de la pensión.
En materia económica, el proyecto garantiza que la partida presupuestaria del Ministerio de Salud no sufra caídas en términos reales respecto al período previo.
Adicionalmente, se dispone la implementación de auditorías periódicas cruzando datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, garantizando el debido proceso inclusivo.
Por solicitud de los bloques aliados, se incluyó un artículo transitorio que impone un plan de pagos para saldar los compromisos pendientes con los prestadores, fijando un tope de 30 días para que el Ejecutivo nacional dicte la reglamentación.
