Crean el Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

Este espacio de integración y fortalecimiento institucional promueve la defensa de los derechos humanos y el federalismo

En un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz el pasado 14 de agosto, las máximas autoridades de las Defensorías del Pueblo de Córdoba, Santa Fe y de la ciudad de Paraná -en representación de Entre Ríos- firmaron una acta de reafirmación y constitución del Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro.

La iniciativa tiene como objetivo consolidar un espacio de articulación regional que permita fortalecer el trabajo conjunto entre Defensorías, promover la cooperación técnica y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en el marco del Estado de Derecho.

"Este paso es mucho más que una firma: es la reafirmación del compromiso de las Defensorías del Pueblo con el federalismo real, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el trabajo conjunto frente a los desafíos comunes. La Región Centro tiene una identidad y una potencia institucional que debemos seguir consolidando con visión estratégica y vocación de servicio", sostuvo Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba.

El acta recupera el espíritu fundacional de 2005 y lo proyecta hacia una nueva etapa de integración institucional. Entre los puntos centralesdel acuerdo, se destacan: el compromiso de fomentar la coordinación interjurisdiccional, impulsar la creación de Defensorías en territorios donde aún no existan, promover buenas prácticas, generar vínculos con organismos públicos y privados, y defender el acceso equitativo a derechos fundamentales en toda la Región Centro.

El Foro estará integrado por los Defensores del Pueblo provinciales y municipales de las tres provincias. Contará con una Junta de Defensores y cargos como Presidente y dos Vicepresidencias pro tempore, además de equipos técnicos especializados para abordar temas de relevancia.

Un avance clave

La creación formal del Foro representa un paso fundamental para consolidar un sistema democrático y de derechos humanos sólido en la Región Centro, asegurando que la protección sea efectiva y coordinada.