Córdoba activa las acciones de prevención contra incendios forestales

Con el inicio del otoño, la provincia de Córdoba ingresa en un periodo caracterizado por una marcada disminución de precipitaciones y descenso de temperaturas que pone a los cordobeses a las puertas de lo que comúnmente se denomina "estación seca".

El dato no es menor si tenemos en cuenta que nuestro territorio está entre los 10 lugares del mundo con mayor incidencia de incendios forestales.

Son precisamente las condiciones climáticas, junto a la expansión urbana a zonas con vegetación natural, los factores que propician la generación de fuego forestal. En ese sentido, se estima que el 95 % de los incendios son producidos por intervenciones humanas, siendo los factores climáticos y la carga de combustible (material vegetal seco) los que inciden en su propagación.

Junto a las consecuencias ambientales, el fuego también representa una seria amenaza para la seguridad de las personas y para los bienes materiales.

Por eso, desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, este periodo marca también el comienzo de una etapa de profundización de políticas y acciones para enfrentar las emergencias que se presenten durante los meses más críticos y con mayor riesgo de incendios.

Prohibición de hacer fuego

Así, una de las primeras medidas que todos los años implementa el Gobierno provincial es la declaración de Alerta Ambiental (que corta con la excepción de hacer fuego controlado), por el que se prohíbe hacer fuego, en todo el territorio provincial por incendios o riesgos de incendios, durante todo el año.

La declaración prohíbe en tierras públicas de toda la provincia el encendido de cualquier tipo de fuego o actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios, correspondiendo al Ministerio de Seguridad la ejecución del Plan Provincial de Manejo del Fuego, a través del cual implementará las medidas tendientes a prevenir y combatir incendios rurales y forestales en toda la provincia de Córdoba.

La norma también alcanza a los concesionarios de balnearios serranos, zonas turísticas en general, campings, complejos hoteleros o de cabañas, propietarios de campos, casas de veraneo, clubes y predios de esparcimiento en general que deberán tomar las medidas pertinentes para evitar realizar cualquier acción de riesgo que pueda provocar el inicio de fuego.

Equipamiento de bomberos

En la actualidad, en la Provincia hay 185 cuarteles en los que se integran 5.000 bomberos voluntarios.

Desde el Gobierno de la Provincia se realizan permanentes inversiones millonarias para la adquisición de tecnología de última generación y elementos para la protección de los bomberos.

Ese material comprende kits forestales, mochilas de ataque rápido, equipos forestales y borceguíes ignífugos, cascos, guantes, camisetas, linternas, pecheras porta handies, mochilas de montaña, bolsos de trauma y mangueras de diferentes medidas, además de vehículos y aviones hidrantes destinados a la lucha contra el fuego.

Por otra parte, los distintos cuerpos trabajan articuladamente con el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), un grupo de intervención inmediata, con dedicación exclusiva y de tiempo completo, organizado, capacitado, entrenado, con protocolos y procedimientos específicos.

Dispone de recursos humanos, logísticos y tecnológicos idóneos para intervenir en la planificación, prevención y control de catástrofes, emergencias, siniestros o situaciones de desastre, entre ellos los incendios.

Otras acciones

La Provincia cuenta con otras herramientas que resultan de vital importancia para la toma de decisiones ante un evento adverso: los mapas de riesgo.

Se trata de representaciones cartográficas que permiten visualizar la distribución de determinados riesgos de desastre en un territorio específico y surgen de la combinación de mapas de amenaza y mapas de vulnerabilidad. En estos casos, abarcan información sobre aspectos sociales, edilicios y servicios.

Permiten mejorar la capacidad de respuesta, disminuir la vulnerabilidad y así mitigar el riesgo de incendios en dichas localidades. A partir de ello, se podrán generar políticas públicas, planes y protocolos de actuación dirigidos a las necesidades y particularidades de cada jurisdicción.