Córdoba oficializó el cobro de operativos por amenazas en escuelas: cómo se aplicará

La medida que había anticipado días atrás el ministro Juan Pablo Quinteros, ahora quedó formalizada. Los responsables deberán afrontar los costos de los operativos policiales y de emergencia

El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes la implementación del sistema para recuperar los gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en escuelas, tras la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que regula el procedimiento.

Si bien la decisión ya se había dado a conocer días atrás por el ministro Juan Pablo Quinteros, la novedad es que ahora quedó oficialmente vigente a partir de la resolución del Ministerio de Seguridad que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, estableciendo el mecanismo administrativo para reclamar los costos a los responsables.

La normativa busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos frente a situaciones que obligan a desplegar operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.

Cómo se aplicará

El procedimiento se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que identifica a los autores del hecho y a los adultos responsables.

A partir de allí:

• Se determinan los costos operativos de cada intervención.
• Se elabora un expediente con todos los registros del operativo.
• Se cuantifican los gastos incurridos por el Estado.
• Se intima al pago en un plazo perentorio de 5 días.

En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero.

Qué cubre el recupero

El protocolo contempla la posibilidad de reclamar los costos de todos los recursos afectados en cada operativo, incluyendo personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y medios logísticos, cuya activación genera un impacto directo en el presupuesto provincial.

Con esta publicación, la Provincia da un paso clave en la implementación de una política orientada a desalentar falsas amenazas y hechos de riesgo en ámbitos escolares, estableciendo que quienes los generen deberán hacerse cargo de los costos que ocasionan.