Cambia la forma de pagar con tarjeta de crédito y débito para evitar fraudes

El Gobierno implementará medidas de seguridad para evitar estafas y clonación de tarjetas. La Secretaría de Comercio anunciará las modificaciones, entre ellas, ya no será necesario entregar el DNI para concretar operaciones

Con el fin de evitar fraudes y estafas con tarjetas de débito y crédito, el Gobierno nacional implementará medidas para brindar seguridad cuando se opere con estos plásticos. Según se informó en eleconomista.com, la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, publicará este martes una resolución para evitar el robo de información y la clonación de plásticos.

Se trata de una nueva reglamentación para realizar pagos con las tarjetas de débito, crédito y prepagas que implica principalmente eximir a los usuarios de presentar documentación al momento de comprar y los habilita a ser los únicos que manipulen esos plásticos.

El objetivo es revertir fraudes y estafas que se han producido en el momento en el que el comercio manipula la tarjeta, como ocurre por ejemplo en locales gastronómicos, y las opera fuera de la vista del usuario. En algunos de estos casos se han registrado compras no autorizadas o robo de datos para posteriores operaciones fraudulentas.

En respaldo a esta iniciativa, en el Gobierno hablan de "unas 7.000 denuncias realizadas durante 2023 en la Secretaría de Defensa del Consumidor por fraude y robos de datos de titulares", se indicó en el portal mencionado.

Entre los cambios, los comercios deberán disponer de terminales de pago que puedan ser trasladadas al lugar donde está el cliente, a diferencia de lo que ocurre ahora que los posnet se encuentran en la caja o en algún lugar fijo de cada local.

Si bien la resolución de la Secretaría, que está a cargo de Pablo Lavigne se publicará este martes, la implementación podría demorar ya que no todos los comercios cuentan con un posnet inalámbrico para poder gestionar el pago.

En ese sentido, la Secretaría de Comercio prevé un plazo de adecuación de entre 90 y 180 días, a pesar de que asegura que no hay impedimentos tecnológicos para la implementación.