Argentina terminó su defensa en el Tribunal del Mar: pidió frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas
La Argentina reclamó en Hamburgo que se detenga la explotación británica de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Es la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal exterior

El Gobierno nacional busca detener las actividades hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido mientras continúa la controversia sobre los derechos de explotación de los recursos naturales.
La segunda jornada de audiencias estuvo marcada por la presentación del embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Internacional de la Cancillería, quien ratificó el pedido argentino y cuestionó los argumentos británicos. La delegación sostuvo que permitir nuevas perforaciones podría provocar daños irreversibles en una plataforma continental cuya soberanía permanece en disputa.
El procedimiento no tiene como objetivo resolver definitivamente la soberanía de las Islas Malvinas, sino determinar si corresponde establecer medidas provisionales de protección mientras se constituye un tribunal arbitral internacional.
La decisión podría conocerse durante los próximos días, luego de que ambas delegaciones completen sus intervenciones y los jueces analicen los argumentos presentados.
Las cuatro medidas que pide Argentina
1) Frenar el proyecto Sea Lion: que estaría listo para empezar en 2027; e impedir el comienzo o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
2) Restringir el uso de la información obtenida: evitando que los datos y conocimientos reunidos durante la exploración de los recursos naturales del área en disputa sean utilizados en perjuicio de los derechos argentinos o transferidos a terceros con ese propósito.
3) Proteger el medio marino: impedir que el accionar británico obstaculice el cumplimiento de las obligaciones argentinas de preservar y proteger el ambiente marino.
4) Evitar nuevas decisiones unilaterales: exigir que el Reino Unido se abstenga de adoptar otras medidas que agraven la controversia, en particular la concesión de nuevos permisos de explotación en la plataforma continental disputada.